Uruguay, país pionero en la defensa de la mujer

Por Marilyne Buda

En octubre del 2012, Uruguay se convirtió en el segundo país de Latinoamérica, después de Cuba, en despenalizar el aborto. ¿Casualidad? No, desde el derecho a divorcio por voluntad de la mujer en 1913 y el derecho a voto en 1917, hasta la Ley de Derechos Civiles de la Mujer de 1946, Uruguay siempre ha formado parte de los países pioneros en la defensa de los derechos de la mujer.

El lunes 3 de diciembre entró en vigor en Uruguay la Ley de Despenalización del Aborto, que permite a   miles de mujeres abortar libre y gratuitamente. El Parlamento, apoyado en su decisión por el presidente José Mujica, puso fin a décadas de debate y a la fuerte desilusión de 2008, cuando el entonces presidente   Tabaré Vázquez había vetado la norma ya votada por el Parlamento, alegando principios éticos.

El texto aprobado despenaliza el aborto durante las primeras doce semanas de gestación bajo ciertas condiciones, catorce para casos excepcionales. Si bien permite limitar la práctica de los abortos clandestinos (más de 30.000 por año por una población de 3,4 millones de personas según organizaciones no gubernamentales), la ley no deja de ser cuestionada por los requisitos que define el Artículo 3. En efecto, la mujer deberá acudir, tras la consulta médica, a una consulta con un equipo interdisciplinario que informará a la mujer, entre otras cosas, de “los riesgos inherentes a esta práctica”, “las alternativas al aborto provocado”, y tratará de “contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo”. A partir de esta reunión, la mujer dispondrá de un periodo de reflexión mínimo de cinco días para ratificar o no su voluntad.

Para Lucy Garrido, del grupo feminista Cotidiano  Mujer, nacido a la caída de la dictadura en 1985 y al origen de numerosas campañas y publicaciones, hay dos caminos: “Nosotras peleábamos por la otra ley, la que vetó Tabaré, pero, o denuncias esta ley y punto, o aprovechas que pese a todo, cientos de miles de mujeres van a poder abortar libre y gratuitamente. Yo creo que hay que aprovecharla porque nos va a ayudar para ampliar el campo de los derechos y para hacer los cambios culturales que Uruguay y los países latinoamericanos necesitan.”

De hecho, lucha tras lucha, la mujer uruguaya ha logrado conquistar derechos y espacios más amplios, haciendo de la igualdad de género una realidad cada vez más cercana. El paisito tiene figura de excepción en la región, pero no se debe solamente al tamaño del país ni a su población. “Es sobre todo que tuvimos casi cien años sin interrumpir de escuela gratuita, laica y obligatoria para todos y todas, y este tema de la laicidad y de la igualdad, lo tenemos muy metido adentro. Hoy en día, si bien todavía no se nota tanto en los cargos directivos, ya nadie puede afirmar que la mujer es menos capacitada que el hombre. Más mujeres que hombres ingresan a la universidad, la brecha salarial ha bajado al 10%. Obviamente hay peleas que seguimos dando, pero es cierto que la brecha de la desigualdad de a poco se va achicando”, comenta Lucy Garrido.

La coyuntura política y económica no es ajena a este proceso. Uruguay se ha dotado de gobiernos progresistas desde el 2005, que han sabido aprovechar el crecimiento económico excepcional de los últimos siete años. Un dinero que se está usando sobre todo para disminuir la indigencia, luchar contra la drogadicción y la situación de calle de los menores.

Sin embargo, según las organizaciones de defensa de la mujer, se podría invertir más en organismos que defiendan sus derechos, o al menos en campañas de prevención. Aunque incluso en los medios de comunicación la imagen de la mujer ha mejorado mucho, la discriminación no ha cesado del todo y se registran todavía muchos casos de violencia de género, que sea física o psicológica.

“En el 2005 las denuncias por violencia doméstica fueron 5.037, en el 2012, han   sido más de 17.000, pero esto no significa que la violencia ha aumentado, sino que las mujeres se están liberando y ya no consideran que es normal recibir golpes”, subraya Lucy Garrido. Cada año, son más de 20 mujeres las que mueren asesinadas por sus parejas o ex parejas, más que la suma de hombres y mujeres muertos en rapiñas.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, y por tercer año consecutivo, el colectivo Mujeres de Negro organizó una marcha silenciosa bajo el título “Compromiso y Esperanza”. Más de 3.000 personas, mujeres, hombres y niños, desfilaron vestidos de negro en Montevideo. Una semana antes, se organizó un seminario sobre la mujer en la política, en el cual destacaron Minou Mirabal, diputada dominicana hija de Minerva Mirabal, Lilian Soto, candidata a presidenta en Paraguay, y Ricardo Solari, asesor de la campaña a la presidencia chilena de Michelle Bachelet.

Pero más allá de estas iniciativas ciudadanas, las organizaciones de mujeres y feministas denuncian su falta de recursos y esperan de los Estados que empiecen a hacerse cargo y que implementen políticas públicas de prevención, erradicación y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres. “Sin recursos no podemos protestar, y la protesta genera la demanda, y la demanda genera política”, concluye Lucy Garrido.